Con esta Sentencia de 13 de febrero de 2002 (Autos 715/2001), el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, inició el trámite de ilegalización de la Orden del Ministerio de Educación de 24 de abril de 1996, planteando la cuestión de ilegalidad ante la audiencia Nacional.

Poco después, la Audiencia Nacional declaró ilegal la Orden Ministerial por no ajustarse al ordenamiento jurídico superior y por restringir los derechos educativos de los niños superdotados.

A continuación de la sentencia, reproducimos el artículo publicado en el diario El Mundo, en su edición de 25 de Octubre de 2002.

Pero, con ser muy importante la ilegalización de la Orden Ministerial, esta Sentencia Judicial aporta otros aspectos que consideramos de interés:

1º En este caso, como en todos aquellos en que los padres se ven obligados a acudir a la Justicia para que se reconozca la condición de alta capacidad de su hijo, frente a la negativa o las resistencias de las Administraciones Educativas, la Justicia considera que lo que constituye la prueba es el dictamen del Centro de Diagnóstico Especializado. La Justicia reconoce que: "presenta las máximas consideraciones a efectos probatorios", fundamentando esta consideración en la Convención sobre los Derechos del Niño, acordando: "dar al informe pericial una consideración similar a la que tendría el emitido por perito designado con las debidas garantías".

2º Como consecuencia de lo indicado, la Justicia condena a la Administración Educativa a adoptar las medida educativas indicadas en el dictamen del Centro de Diagnóstico Especializado: "condenamos a la Administración a que proceda de inmediato a llevar a cabo su adaptación".

3º La Justicia, en evitación del grave perjuicio que para estos niños supone el retraso en la aplicación de las medidas educativas que requieren, indica la ejecución inmediata: "La evitación de tales consecuencias impone necesariamente que el fallo proceda a ejecutarse de inmediato y sin dilatación alguna".

SENTENCIA