Consultorio

Es cierto que se dice y se repite hasta la saciedad que la Organización Mundial de la Salud definió la Superdotación como las personas que tienen un Cociente Intelectual igual o superior a 130. Pero es falso que la OMS haya publicado tal resolución . Es una de las falsedades que se intenta hacer creer al conjunto de la sociedad por intereses espurios, y que se repite hasta la saciedad en la pretensión de que estas falsedades pasen a considerarse verdades.

En su investigación usted no ha encontrado esta Resolución de la OMS, simplemente porque jamás ha existido. La única Resolución que la Organización Mundial de la Salud ha aprobado para la identificación de la Superdotación, las Altas Capacidades y demás especificidades de la inteligencia humana, en su multidimensionalidad, es la CIF, como instrumento para la identificación: Evaluación Multidisciplinar o diagnóstico caso por caso, que fue aprobada por la OMS mediante Resolución WHA54.21 de 22 de mayo 2001. La CIF en su n su Capítulo 2.1 titulado: “Aplicaciones de la CIF”, señala:

Aún en el supuesto de que, en el pasado, cuando se creía que la Superdotación o las Altas Capacidades era cuestión de alcanzar un dato psicométrico (Cociente Intelectual o percentil), es fundamental seguir el curso de la investigación científica internacional, pues también en el pasado había personas prestigiosas que afirmaban que la Tierra era plana, que se hallaba en el centro del universo, y que era el Sol el que daba vueltas a la tierra.

En 1998 el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña publicó el libro “Alumnado excepcionalmente dotado intelectualmente”, encargado, a científicos de primera línea: el Dr. Antoni Castelló de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Dra. Mercè Martínez de la Universidad de Barcelona. Contiene, desarrolla y difunde la cita del pionero en la investigación científica específica en España, el Catedrático de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona Dr. Cándido Genovard, de 1990:

El Catedrático de Ciencias de la Educación ex presidente del European Council for High Abiliti Dr. Javier Tourón, en un congreso sobre Altas Capacidades en la Universidad de Málaga el 4 de octubre de 2016 interrumpió la presentación de un nuevo tests de inteligencia de la psicóloga Yolanda Benito, para señalar: «En la actualidad no es posible encontrar, en la investigación científica internacional, a un solo autor mínimamente relevante que admita el Cociente Intelectual, ni encontrar a nadie que admita ningún punto de corte como medida para determinar quién es o quien no es superdotado.

El mayor favor que podemos hacer a los niños, a las familias y a las escuelas es olvidarnos de los puntos de corte y olvidarnos de las clasificaciones de las Administraciones Educativas. Evaluemos las capacidades que cada uno tiene y planifiquemos una intervención educativa acorde a esta capacidad. Todo lo demás es marear la perdiz, porque mientras tanto el talento de los niños no se desarrolla, muchos fracasan y acaban donde todos sabemos». (https://www.youtube.com/watch?v=AZTdyLx7gAg la intervención del Dr. Tourón se encuentra desde el minuto 43:50 al 46).

Es cierto que en la actualidad hay Consejerías de Educación de comunidades autónomas que conservan las obsoletas definiciones en sus normativas, y sus funcionarios las aplican, incluso las imponen a los padres, lo que siempre resulta muy dañino para los niños y quiebra el derecho de los padres a la seguridad jurídica. Aquí hay que tener en cuenta que cuando una normativa o ley inferior contradice a la ley de superior rango, la normativa inferior carece de validez. Así lo preceptúa el Código Civil en su Artículo 1.2: “Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior”.

La ley de rango superior que regula la evaluación de las capacidades y necesidades de los estudiantes es la Convención de Naciones Unidas, BOE de 21 de abril de 2008, que es un Tratado Internacional aprobado por las Cortes Generales del España, firmado por el Jefe del Estado y publicado en el BOE, por lo que es de aplicación directa.

Por otra parte, la Ley 25/2014, de 27 de noviembre de Tratados Internacionales que regula la aplicación en España de los Tratados Internacionales su Artículo 31, establece:

“Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas”.

Y, su artículo 39, “Ejecución” establece: “Los tratados internacionales serán de aplicación directa”.

En Derecho Internacional está la Convención de Viena. Es otro tratado Internacional, que también el Estado Español ha suscrito, que regula la aplicación de todos los Tratados Internacionales que los estados ratifican. Su Artículo 27, que se titula: “El derecho interno y la observancia de los tratados”, y preceptúa:

Los padres tienen derecho a tener “seguridad jurídica”. Es un derecho que les reconoce la Constitución en su Artículo 9.3. Para ello, deben acogerse a la ley de superior rango que determina la metodología de los centros educativos y la Evaluación Multidisciplinar de las capacidades y necesidades de los estudiantes, que es el Tratado Internacional Convención de Naciones Unidas BOE de 21 de abril de 2008, y aplicar el desarrollo de esta ley superior.

Cuando los padres han obtenido la Evaluación Multidisciplinar de las capacidades y necesidades de su hijo, llevan el Dictamen a la dirección del centro educativo. Entonces, ningún funcionario, bien sea docente, orientador o inspector, puede contradecir lo que establece el Dictamen, que es la aplicación directa de un Tratado Internacional, no sólo porque así lo establece la Ley (Ley 25/2014, de 27 de noviembre, Artículo 30 y 31), pues ese Dictamen es la aplicación práctica de un Tratado internacional que, como hemos visto, prevalece sobre todas las normas internas de las comunidades autónomas, sino también porque, como hemos visto, en virtud de lo dispuesto en la Convención de Viena, Artículo 27, los padres no tienen que consentir que nadie se oponga a la aplicación de un Tratado Internacional invocando disposiciones internas (normalmente autonómicas), que al contradecir la ley superior carecen de validez.

Cuando un orientador obliga a los padres o les insiste a que le firmen el impreso que tienen preparado por el que autorizarían al orientador a realizar la evaluación psicopedagógica a su hijo, basada en el Cociente Intelectual u otro dato psicométrico, este orientador incurre, entre otros, en un delito de intrusismo tipificado en el Código Civil, Artículo 403 (Ver Artículo “Quién puede diagnosticar” del Letrado D. José Antonio Latorre Cirera en La Vanguardia 8 de enero de 2006. Ver también el Consultorio Jurídico de las Altas Capacidades del Abogado del Estado y Eurodiputado representante de España ante el Consejo de Europa D. Jorge Buxadé en sus respuestas a las preguntas nº 3 y 17)
Además el orientador incurriría en un delito de Coacciones Tipificado en el Código Penal Artículo 172. (Ver el artículo: “LAS LEYES EDUCATIVAS NULAS QUEIMPONEN A LOS PADRES” del Dr Juan Luis Miranda Romero, Médico Psiquiatra y Perito Judicial. Ver también DICTAMEN JURÍDICO DEL MODELO EDUCATIVO ).

El Tratado Internacional Convención de Naciones Unidas, BOE de 21 de abril de 2008, define la Educación Inclusiva en su Observación General o Comentario General (CG-4) de 13 de septiembre de 2016, concretamente en su Párrafo 10 que lleva por título: “La inclusión educativa debe entenderse como:

Puede también observarse que a lo largo de los 23 folios que se compone este Informe vinculante de Naciones Unidas la expresión “todos los estudiantes” es una constante. Tanto es así que para evitar tanta repetición a veces utiliza otra expresión equivalente, como: “Los estudiantes con o sin discapacidad”.

Debemos tener en cuenta que dicho Tratado Internacional de Naciones Unidas lo es de aplicación y desarrollo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no permite discriminación de ningún tipo, tampoco permite la discriminación positiva en la que se incurriría caso de reconocer un derecho a los estudiantes de un colectivo si al mismo tiempo no se reconociera a los de otro colectivo. Es por tanto la Educación Inclusiva un derecho humano fundamental de todos los estudiantes, como no podría ser de otra forma.

Resulta sencillo observar que las órdenes y demás normativas, costumbres y prácticas de las comunidades autónomas respecto de la evaluación de las capacidades y de las necesidades de los estudiantes y respecto de la metodología de los centros educativos, resultan contradictorias respecto de los derechos que reconoce el Tratado Internacional Convención de Naciones Unidas.

El Estado Español ha cumplido su obligación de adaptar todas las leyes sanitarias internas al Tratado Internacional Convención de Naciones Unidas. También ha cumplido su obligación modificando y adaptando las leyes que regulan los derechos sociales, casi en su totalidad. Pero, respecto de las leyes educativas, tanto estatales como las leyes educativas de las comunidades autónomas no se ha realizado.
También hay que decir que las nuevas leyes educativas autonómicas, estatales y autonómicas que se han creado con posterioridad a la entrada en vigor del Tratado Internacional, apenas se han adaptado a la ley de superior rango, por lo que permanecen las contradicciones.

En definitiva, España y sus comunidades autónomas carecen leyes internas válidas acerca de la evaluación de las capacidades y necesidades de los estudiantes y sobre la metodología de los centros educativos, pues las que se han publicado se hallan en abierta contradicción con la ley de rango superior.

Cuando unos padres desarrollan un derecho contenido en el Tratado Internacional Convención de Naciones Unidas suele aparecer un funcionario que presenta objeción, basándose en normativa autonómica que se halla en contradicción. Ello constituye una clara evidencia de esta contradicción, que en nuestro estado de derecho de jerarquía normativa (CE Art. 9.3) no tiene cabida.

Esta situación no supone un vacío legal, ya que, por una parte, el Tratado Internacional de Naciones Unidas es de aplicación directa, es decir, para su aplicación y desarrollo no necesita que se elabore legislación interna.

Por otra parte, Naciones Unidas se ha dado cuenta de que algunos estados, entre ellos España, no cumplen su obligación de adaptar sus leyes educativas internas, razón por la cual Naciones Unidas ha elaborado Informes de obligado cumplimiento que facilitan a los buenos docentes la implementación, en sus centros educativos, de la Educación Inclusiva o personalizada que preceptúa la ley de superior rango. Algunos de estos Informes Vinculantes de Naciones Unidas son:

• La Observación General o Comentario General (CG-4) de 13 de septiembre de 2016
• El Informe de Naciones Unidas de 4 de junio de 2017, consecuencia de la denuncia que presentó la Asociación de Padres SOLCÓM ante el Secretario General de Naciones Unidas, contra el Estado Español, por incumplimientos del Tratado Internacional Convención de Naciones Unidas. La Comisión nombrada al efecto por Naciones Unidas recorrió las comunidades autónomas del Estado Español y comprobó la veracidad y exactitud de los hechos denunciados
• El Informe de Naciones Unidas de 18 de septiembre de 2020, consecuencia de la denuncia que tuvo que interponer el padre de Rubén (niño con Síndrome de Down escolarizado en un instituto público de León), al que el sistema educativo quería escolarizar en un centro de educación especial, en contra de la voluntad de los padres y del niño y que los tribunales de justicia, en este caso, no fueron capaces de hacer Justicia.

La Ley Orgánica de Educación 8/2013, de 9 de diciembre LOMCE hacía una breve referencia a la educacinclusiva en su preámbulo, apartado V, para decir:
“Debemos pues considerar como un logro de las últimas décadas la universalización de la educación, así como la educación inclusiva”.

Despachaba así tan importante tema como si se tratara de un logro ya alcanzado. Efectivamente, la educación inclusiva en el 2013 era ya un logro en el ámbito legal, pues desde 2008 estaba preceptuada en el Tratado Internacional Convención de Naciones Unidas, nuestra ley de superior rango, pero en relación a la realidad práctica de nuestras escuelas, existía un abismo.

La educación inclusiva en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE, en su artículo 4.3, referido a la metodología de la enseñanza básica obligatoria, se garantizan los principios del Diseño Universal de Aprendizaje y los Derechos de la Infancia, facilitando los apoyos que el alumnado requiera; pero, sin embargo, no establece la educación inclusiva como derecho humano fundamental de todos los estudiantes, tal y como ya se ha reconocido por la Convención de Naciones Unidas. Por el contrario, solo se le otorga la mera categoría de “principio”.

Este mismo y erróneo tratamiento también se recoge en el artículo 39.7, referido a la inclusión en la Formación Profesional, donde también se relega a un mero “principio”.

Y en su artículo 121, cuando se refiere al proyecto educativo de centro, se refiere de nuevo a la inclusión educativa, pero como un mero “valor”.Desde el punto de vista legal, ni desde el fáctico inclusivo y educacional esto no es así. La educación inclusiva, en toda su amplitud y adaptación, está considerada como un derecho humano fundamental de todos los estudiantes, que como a tal es exigible en la normativa de superior rango que nos es aplicable.

En tal sentido nos remitimos a lo expuesto en el Tratado Internacional de la Convención de las Naciones Unidas (BOE 21 de abril de 2008) sobre la exigibilidad de la educación inclusiva y su completo desarrollo. Sin embargo, la normativa de educación de nuestro país lo sigue ignorando. Bajo abstractos conceptos de “valor”, “principios”, etc., no exigibles ni coercibles, se impide la concreta y completa adaptabilidad de las adaptaciones curriculares de los estudiantes en su derecho humano fundamental a la educación inclusiva. No se cumple la normativa citada, pues en base a esa ley no se deduce la exigencia de adaptaciones completas y especificas en cada supuesto personalizado.

Ante esta vulneración del Tratado Internacional, el Comité de Naciones Unidas llamó la atención al Estado Español, en diferentes ocasiones. El 1997 la Asociación de Padres SOLCOM presentó denuncia ante el Secretario General de Naciones Unidas. Se creó una comisión que se trasladó a las diferentes comunidades autónomas del Estado Español para comprobar la veracidad de los hechos denunciados y emitió su Informe Vinculante de 4 de junio de 2017 en el que en las Conclusiones, concretamente en el apartado 2, Párrafo 84 punto b) Naciones Unidas preceptúa: “Contemplar la educación inclusiva como un derecho y no sólo como un principio”

En el 2020, con motivo de los incumplimientos del Estado Español respecto de un niño con síndrome de Down de un IES de León, su padre se vio obligado a denunciar al Estado Español ante el Secretario General de Naciones Unidas. En el correspondiente Informe Vinculante de Naciones Unidas de 18 de septiembre de 2020, en sus conclusiones página 14 punto C señala:

“9. El Comité, actuando en virtud del artículo 5 del Protocolo Facultativo, dictamina que el Estado parte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 7,15, 17, 23 y 24 leídos solos y conjuntamente con el artículo 4 de la Convención”.

Y, ya en el apartado 9 b II, Naciones Unidasadvierte de nuevo al Estado Español señalando: “Adopte medidas para considerar la educación inclusiva como un derecho”

El Estado Español que quiso firmar el Tratado Internacional Convención de Naciones Unidas no puede contradecir el “derecho humano fundamental de todos los estudiantes a la Educación Inclusiva”, transformándolo en un mero “principio inspirador”, pues se trata de un derecho real y superior a ajustes razonables , apoyos personalizados, verdaderas adaptaciones curriculares, con los medios personales y técnicos, con el derecho a reclamarlos, incluso legalmente, si no se facilitan.

Este derecho fundamental es la verdadera base que otorga al estudiante afectado, los medios necesarios para estudiar en condiciones de igualdad en el entorno, y le proporciona “ipso iure” los medios para su adaptación y le permite, sin equívocas concesiones discrecionales, una educación integral. Una educación personalizada, adaptada, específica e íntegra que le garantiza el principio de igualdad en la educación y en el desarrollo personal. Además, conforme a todos los informes reseñados, el respeto a la educación inclusiva mejora los indicadores de bienestar bio-psico-social de toda la comunidad educativa y, por ende, también los resultados académicos nacionales. El concepto de educación inclusiva como el derecho humano fundamental de todos los estudiantes aplicable y exigible, que en realidad es, tal y como lo establece la normativa internacional superior ratificada por España.

En ciertos ámbitos se dice que el derecho fundamental no es a la educación inclusiva, sino a la educación. Este sofisma tiene escaso recorrido desde que se sabe científicamente que cada estudiante aprende de una manera única (es decir de una manera diferente) (Observación General de Naciones Unidas (CG4), Párrafo 25).
Científicamente se sabe también que forzar la mente de los estudiantes con formas, modos, ritmos o estilos de aprendizaje estándar, diferentes de los propios de su cerebro diferente, les resulta es muy dañino, por lo que ofrecerles una educación estandarizada, no inclusiva, es decir dañina, en modo alguno puede ser un derecho del estudiante, por lo que la educación se ofrece adaptada a la diferente forma de realizar los procesos del aprendizaje de cada estudiante, o no es educación.

Nos preocupa, además, especialmente, que las Comunidades Autónomas, en su desarrollo legislativo de aplicación de la LOMLOE y otra legislación de ámbito educativo, sigan la línea errónea señalada e ignoren también la cualidad del derecho fundamental de la educación inclusiva. Pero, nos tranquiliza el hecho de que los Abogados especializados en Derecho a la Educación que constituyen el Departamento de Legislación Interior de El Defensor del Estudiante se hayan dirigido a todos los 17 Consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas y les hayan ofrecido su asesoramiento legal (gratuito), orientado a respetar íntegramente los derechos educativos reconocidos en las leyes de superior rango, a la hora de realizar normativas autonómicas de desarrollo y aplicación. De esta manera, si desprecian este desinteresado ofrecimiento de asesoramiento legal y en su legislación autonómica incurren en vulneración de derechos reconocidos en la legislación de superior rango, los Tribunales de Justicia podrán tener en cuenta esta circunstancia.

Las disposiciones administrativas son normas secundarias subordinadas a las emanadas del Poder Legislativo, que son normas primarias o asimiladas con fuerza de ley, Estas a su vez están subordinadas a la Constitución y a los Tratados o Convenios Internacionales firmados por el Estado Español, que constituyen el vértice de la jerarquía normativa, que es indubitada.

El Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la regulación vigente sobre jerarquía normativa en relación a las normativas de las Administraciones. Así, al regular la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas en el art. 128 Ley 39/2015 establece que los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes.

De hecho, el apartado tercero dispone que las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes, de forma que ninguna disposición administrativa puede vulnerar los preceptos de otra de rango superior. El Artículo 128.3 preceptúa: “Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior”.

El apartado segundo del artículo 47 de la Ley 39/2015 establece las consecuencias de la vulneración de las normas jerárquicamente superiores - Constitución, Tratados o Convenios Internacionales suscritos por España, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior- por parte de las disposiciones administrativas, que no es otra que la nulidad de pleno derecho de esas disposiciones. El Artículo 47.2 establece: “También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, …”

A mayor abundamiento, el Artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone: “Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa.

Por su parte, el Código Penal, en su Artículo 404 establece: “La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 años.

Debemos decir, en primer lugar, que las referencias legales de la pregunta se hallan adecuada y oportunamente citadas.

La elección de centro educativo para los hijos constituye una de las más graves responsabilidades de los padres. Para acertar en tan importante decisión existe la manera de obtener un conocimiento de la metodología de cada centro educativo.

La Ley Orgánica de Educación LOMLOE en su Artículo 121establece que todos los centros educativos deben tener su “Proyecto Educativo de Centro”. Su Apartado 2 ordena que el Proyecto Educativo de Centro debe contener la Forma de Atención a la Diversidad del centro educativo.

Y, esta debe estar orientada en los principios de no discriminación y de educación inclusiva como valores fundamentales. Su Apartado 3 establece que el Proyecto Educativo de Centro es un documento público, por lo que ningún centro educativo puede negarlo ni retrasar su entrega.

Cuando los padres hemos elegido el centro educativo que nos ha parecido mas conforme a nuestras convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas, firmamos con ese centro educativo un contrato por el que como primeros responsables y titulares que somos del derecho-deber de la educación, delegamos ciertos aspectos en ese centro. Ese contrato, se compone de dos documentos, que son:

1. El Proyecto Educativo del Centro, que contiene la forma de atención a la diversidad.
2. El impreso hoja de inscripción o matriculación.

La conjunción de ambos documentos constituye el contrato, que en muchas ocasiones no somos conscientes de que lo estamos estableciendo, ni de sus repercusiones legales, y quizá nos preocupamos más de otros a aspectos, como la comodidad de la proximidad al domicilio.

Para realizar una adecuada elección de centro educativo es necesario contactar con varios de ellos y solicitar a cada uno su Proyecto Educativo de Centro y estudiar con detalle la forma de atención a la diversidad de cada uno de ellos en especial si esta se oriente en la Educación Inclusiva como principio fundamental y como derecho humano fundamental de todos los estudiantes. Para ello será útil comparar la descripción de la forma de atención a la diversidad con las características de la educación inclusiva que realiza Naciones unidas en su Informe de obligado cumplimiento, la Observación General (CG4) de 13 de septiembre de 2016.

Depende. Hay que partir de la base por la que la Educación Inclusiva o personalizada no es solo para los estudiantes a los que se les ha diagnosticado una educación específica personalizada, sino que como establece el Tratado Internacional Convención de Naciones Unidas, la Educación Inclusiva es “un derecho humano fundamental de todos los estudiantes” y es la metodología preceptiva en todos los centros educativos desde la entrada en vigor del Tratado Internacional Convención de Naciones Unidas en el 2008.

En el 2006 al entrar en vigor la Ley Orgánica de Educación LOE, el Ministerio de Educación publicó su escrito: “Atención a la Diversidad en la LOE” , que inicia constatando una realidad importante: Los informes de la OCDE han puesto de manifiesto que los países en los que los estudiantes alcanzan los mejores resultados son aquellos que han desarrollado la educación inclusiva que conlleva el diagnóstico temprano de las capacidades de todos los estudiantes, con estas palabras:

“Los diferentes informes de la OCDE, en relación con las características de los países cuyos sistemas educativos obtienen mejores resultados escolares, coinciden en sostener que el factor común a todos ellos es la aplicación de políticas inclusivas, que conllevan un diagnóstico temprano de las necesidades específicas de apoyo educativo de los alumnos con problemas de aprendizaje y una atención personalizada de los mismos”.

Es evidente que si unos padres, por desconocimiento, inicialmente eligieron un centro educativo de metodología uniforme o igualitaria, o de transmisión grupal, deberán corregir el error de forma inmediata, pues un centro de metodología ilegal no debería ser elegido por ningún padre.

Un centro educativo que previamente no haya realizado el cambio metodológico a la educación inclusiva o personalizada resultará imposible que pueda personalizar la educación a un niño en particular, mientras no realice el cambio metodológico. Lo explica con claridad la Doctora Esther Secanilla en su libro: “SUPERMENTES Reconocer las altas capacidades en la Infancia” (Editorial GEDISA) en donde cita al Dr. Liberman:

“No es posible ofrecer una educación personalizada a un niño mientras el resto del aula sigue funcionando en el obsoleto sistema de trasmisión grupal orientado a la mera reproducción de contenidos curriculares. No es posible educar a un niño en un aula que lejos de facilitar su sociabilización incrementa y potencia su segregación. El aula debe convertirse en comunidad de aprendizaje y todo el sistema debe ser inclusivo conforme el Estado se ha comprometido a garantizar en el Artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas”.

Cuando un Estado suscribe un Tratado Internacional de un organismo internacional -en este caso la Organización de Naciones Unidas, queda vinculado a acatar todos los informes que dicho organismo internacional emita para la aplicación y desarrollo del texto inicial, por tanto, todos los Informes de Naciones Unidas de aplicación y desarrollo del Tratado Internacional son vinculantes para España, para todos los ciudadanos y para sus administraciones.

Hoy otro tipo de informes de Naciones Unidas relacionados con el mismo Tratado Internacional, que son los Informes que emite Naciones Unidas consecuencia de que unos padres han tenido que denunciar al Estado Español por incumplimiento, en la educación de su hijo, de algún derecho reconocido en dicho tratado. Estos Informes de Naciones Unidas también tienen carácter vinculante, pues así lo ha establecido la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2018 que reconoce que el carácter de estos dictámenes del Comité de Naciones Unidas es hermenéutico, pero también vinculante, y además ejecutivo, con independencia de que, en el Estado español, exista o no un procedimiento autónomo y específico para reclamar su ejecución.

Los padres de cualquier niño con Evaluación Multidisciplinar o Diagnóstico Bio-psico-social, si no hallan Justicia en España pueden acudir a Naciones Unidas, como tuvo que hacer el padre de Rubén de un instituto público de León, que ha obtenido el Informe de Naciones Unidas en fecha 18 de septiembre de 2020.